El ordenamiento territorial, como herramienta de planificación, desarrollo de ciudades y regiones bajo principios de sostenibilidad, funcionalidad y equidad, regulados por el derecho a través de normas que garantizan un uso racional del suelo y la protección de los recursos. Estos procesos adquieren legitimidad mediante la participación ciudadana, que incorpora las voces de la población en la toma de decisiones, asegurando que las transformaciones urbanas y territoriales respeten los derechos humanos, como el acceso a la vivienda digna, servicios básicos y un medio ambiente sano, consolidando así espacios inclusivos, democráticos y adaptados a las necesidades colectivas.
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